Perú vive días críticos tras medidas políticas bajo las órdenes del ahora expresidente, Pedro Castillo

Fue en julio de 2021 cuando el exmandatario ganó las elecciones por un estrecho margen en una segunda vuelta, y fue visto como parte de una “marea rosa” de nuevos líderes de izquierda en América Latina.

Se postuló en un escenario que prometía reescribir la constitución y aumentar la redistribución de la riqueza otorgando a los estados un mayor control sobre los mercados y los recursos naturales, promesas que ha luchado por cumplir en medio de la creciente inflación en Perú, su falta de experiencia política y una fuerte oposición conservadora en el Congreso.

El gobierno del líder de izquierda estaba sumido en el caos desde que asumió, con docenas de ministros nombrados, reemplazados, despedidos o que renunciaron a sus cargos en poco más de un año. Un complejo panorama que aumentó la presión sobre él.

Castillo lidió contra la oposición por intentar destituirlo desde el primer día que estuvo en el cargo. Acusó a la fiscal general, Patricia Benavides, de orquestar lo que llamó una nueva forma de “golpe de Estado” en su contra a través de las investigaciones de su oficina.

En octubre, Benavides presentó una demanda constitucional contra Castillo con base en tres de las seis investigaciones que había abierto su oficina. La denuncia permite al Congreso realizar su propia investigación contra el expresidente.

Castillo se ha enfrentado a una gran cantidad de investigaciones sobre si usó su cargo en beneficio propio, de su familia y de sus aliados más cercanos mediante el tráfico de influencias para obtener favores o trato preferencial, entre otras denuncias.

El expresidente ha negado en varias oportunidades todas las acusaciones y reiteró su voluntad de cooperar con cualquier investigación. Argumenta que las acusaciones son el resultado de una cacería de brujas contra él y su familia por parte de grupos que no aceptaron su victoria electoral.

El exmandatario se enfrenta a cinco investigaciones penales preliminares por acusaciones de autor intelectual de esquemas de corrupción mientras estuvo en el cargo. Estos incluyen la acusación de los fiscales de que lideró una “red criminal” que interfirió con instituciones públicas como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Vivienda y la empresa petrolera estatal de Perú para controlar los procesos de licitación pública y beneficiar a empresas específicas y aliados cercanos.

Los fiscales también están investigando si Castillo encabezó esfuerzos de tráfico de influencias en el proceso de promoción de oficiales, tanto en las fuerzas armadas como en la policía nacional.