OBSBA acusó al Gobierno porteño por el conflicto que enfrentan.

La Multisectorial formada en defensa de la obra social de la docencia y personal estatal de la Ciudad de Buenos Aires (Obsba), integrada por sindicatos, organismos de derechos humanos y trabajadores autoconvocados, responsabilizaron este martes al Gobierno porteño por el “vaciamiento” de la prestadora.

“Estamos contra el vaciamiento de nuestra obra social y creemos que (Horacio Rodríguez) Larreta es un caradura. Para nosotros y nosotras, el vaciamiento de esta obra social lo hizo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en complicidad con la dirección sindical del (Sutecba)”, el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Ciudad de Buenos Aires, indicó Natalia Capano, de Ademys.

La Multisectorial en defensa de la Obsa integrada por APDH Regional CABA, la CTA Autónoma, ATE Capital, UTE, CTA Capital, Ademys, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, y Autoconvocados Grupo Obsba, entre otros, fijaron posición en el marco de una conferencia de prensa ofrecida esta mañana sobre la situación de la obra social en un encuentro con los medios de comunicación celebrado en la avenida Callao 569.

El motivo de la convocatoria fue “expresar las demandas de los sindicatos y trabajadores en relación con la grave situación y crisis que atraviesa la obra social”, informaron voceros gremiales. 

En tanto, una campaña de recolección de firmas lanzada por una empleada del Gobierno porteño a través de la plataforma Change.org lleva reunidas más de 11.000 adhesiones en reclamo de una urgente respuesta ante “el vaciamiento y los recortes en los prestadores por falta de pago”.

En la conferencia de prensa brindada este martes, Capano denunció que los trabajadores “se enfrentan a momentos complicados por la vinculación del Gobierno con el sindicato Sutecba”.

“Estamos complicados, pero seguimos la lucha y saludamos el haber concretado la creación de esta multisectorial. Creo que tenemos que seguir dando pasos juntos y juntas, pero es una lucha importante la que tenemos que dar. Tenemos que seguir luchando en defensa de nuestra obra social y en esto se nos va la vida”, apuntó Capano.

El ministro de Defensa encabezará este martes desde las 18 en la Base Naval de Mar del Plata la ceremonia central de homenaje a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, al cumplirse cinco años del hundimiento de la embarcación en el Atlántico Sur.

La actividad, de la que participará además el jefe de la Armada, Julio Guardia, contará con la presencia de cerca de 200 familiares de las víctimas, que llegarán a la ciudad balnearia desde distintas localidades de las provincias de Buenos Aires, Salta, Tierra del Fuego, Santa Fe, Jujuy, Córdoba y Misiones.

En el homenaje, los allegados de los marinos colocarán ofrendas sobre el cenotafio que recuerda a los 44 submarinistas dentro de la terminal marítima, muelle natural del buque hasta su último viaje. Luego participarán en un oficio religioso en la capilla de la Base Naval.

Antes del inicio del acto, los allegados compartirán también un café con representantes de la Armada en Salón Almirante Brown del predio naval.

Desde las 18, la Armada realizará además en simultáneo distintas ceremonias de reconocimiento en otras provincias.

Con motivo del quinto aniversario, el municipio de General Pueyrredón y la “Comisión Amigos del Memorial al ARA San Juan” realizarán, a su vez, un homenaje desde las 10 en el monumento montado frente al ingreso a la base en memoria de los tripulantes.

El acto estará encabezado por el intendente Guillermo Montenegro y el obispo local, Gabriel Mestre.

Los procesamientos de Jonathan Morel y los otros tres integrantes de Revolución Federal serán revisados por la Cámara Federal porteña.

Se trata de los procesamientos sin prisión preventiva dictados a Morel, Sabrina Basile, Leonardo Sosa y Gastón Guerra por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien consideró que hay prueba para considerar que formaron una asociación ilícita que buscó imponer sus ideas o “combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, según confirmaron fuentes judiciales. La audiencia fue programada para el próximo 23 de noviembre.

Los procesamientos fueron apelados por las defensas de los cuatro imputados y ahora los revisará la sala I del Tribunal de Apelaciones, integrada por Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia.

La semana pasada, Martínez De Giorgi los procesó al considerar que sus conductas quedaron por fuera de la protección constitucional a los derechos de protesta y libre expresión de ideas.

Las conductas investigadas “quedan por fuera de la protección constitucional de los derechos a la protesta y a la libre expresión de ideas, pues exceden el ejercicio de la libertad de expresión y el ámbito de reserva constitucionalmente amparado”, explicó.

“Generar daños en el vehículo en que se transporta un ministro, amenazar de muerte a una funcionaria de la actual gestión de Gobierno, obstaculizar la realización de actos gubernamentales”, quedan por fuera de ese derecho, enumeró sobre algunos de los actos atribuidos a Revolución Federal.

Los cuatro acusados fueron excarcelados por los mismos magistrados del Tribunal de Apelaciones y ahora la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso ante la Cámara Federal de Casación contra la liberación de Morel.

Por el momento ninguna de las partes pidió exponer de manera oral, pero podrían hacerlo en los próximos días u optar por presentar escritos.

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que se libren “órdenes de presentación con allanamiento en subsidio” sobre once inmuebles vinculados a Caputo Hermanos S.A. y a empresas y proveedores invocados por esa firma y por Jonathan Morel.

El requerimiento que el fiscal le presentó al juez Marcelo Martínez de Giorgi tiene por objetivo esclarecer la naturaleza del vínculo entre Morel y Caputo Hermanos S.A.: se busca aclarar si esa empresa financió las actividades de Revolución Federal o si efectivamente lo contrató para trabajos de carpintería realizados para un edificio construido en Neuquén, como declaró.

Morel, Leonardo Sosa, Sabrina Basile y Gastón Guerra, todos miembros de Revolución Federal, están procesados bajo la acusación de haberse organizado para llevar a cabo “un plan criminal, que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, que incluyó la proliferación de consignas violentas en redes sociales y la multiplicación de manifestaciones en las calles con el objetivo de intimidar a dirigentes políticos y militantes principalmente ligados al oficialismo.

La versión de Morel es que todo el dinero que le ingresó desde Caputo Hermanos sería exclusivamente como contraprestación de los servicios comerciales brindados desde su carpintería en Boulogne, provincia de Buenos Aires, para el fideicomiso Espacio Añelo, y puntualmente en función del amoblamiento del edificio ubicado en la intersección de las rutas provinciales 7 y 17, en Añelo, provincia de Neuquén.

El fiscal solicitó que el edificio ubicado en Neuquén, y señalado por Morel y por los directores de Caputo Hermanos en sus descargos, sea inspeccionado para ver si allí se encuentra “la totalidad del mobiliario descripto en el remito de fecha 16/08/22” de la empresa al expediente el 19 de octubre pasado.

“Debe recordarse que a partir de la introducción de los informes de inteligencia 508/22 y 551/22 se conoció la existencia de movimientos financieros de Jonathan Morel de algunas personas allegadas – puntualmente de Ailen Vallero, empleada de su carpintería, y Evelyn BALBOA, su ex pareja – que habrían llamado la atención de la UIF (Unidad de Información Financiera), los que lo vincularían con las firmas Fideicomiso Santa Clara al Sur y Fideicomiso Espacio Añelo, en los que como parte fiduciaria se encuentra la compañía Caputo Hnos.”, reseñó el fiscal para contextualizar sus requerimientos.

La agrupación M28 de excombatientes de Malvinas se movilizó este miércoles a la Legislatura porteña para exigir un aumento en el subsidio que reciben por parte del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y una mejora en la cobertura para sus viudas e hijos.

Los excombatientes presentaron un proyecto, con el apoyo de los legisladores del Frente de Todos, para modificar la Ley 1.075 de la ciudad de Buenos Aires, que da un subsidio mensual y vitalicio para los veteranos de la guerra de Malvinas, que actualmente es de 120.000 pesos.

“Esperamos un aumento de categoría, por el reconocimiento de los 40 años de la guerra, como se hizo en varias provincias. En Entre Ríos, por ejemplo, cobran más que nosotros, y CABA tiene un presupuesto 10 veces superior”, dijo a Télam Alfredo Pucci, quien fue soldado del Ejército en la guerra de 1982.

Pucci agregó que con la ley actual, las viudas de los excombatientes “no cobran hasta que no presentan todos los papeles”, y después no reciben un retroactivo.

Los veteranos de la ciudad de Buenos Aires reclaman además que, tras su fallecimiento, el subsidio pase a sus hijos, sin límite de edad, como sucede, por ejemplo, en las provincias de Chaco, Río Negro y Santa Fe.

Al hacer estos pedidos, argumentaron que deben enfrentar las secuelas que les dejó la guerra, las cuales afectan su salud, su expectativa de vida y también limitan sus posibilidades de conseguir trabajo.

“El año pasado, en el país, murieron casi 350 excombatientes, este año, más de 150. La expectativa de vida de los excombatientes es entre 12 y 14 años menor”, dijo Pucci.

Como soldado del Ejército argentino, Alfredo Pucci cumplió 24 años en las islas, el 25 de mayo de 1982. Al regresar a Buenos Aires, el exsoldado había perdido su empleo.

“A la vuelta, si bien la sociedad nos comprendía, era muy difícil conseguir trabajo. No nos llamaban nunca. Quedamos abandonados”, recordó.

Los veteranos de Malvinas debieron esperar hasta 1991 para comenzar a percibir un ingreso como excombatientes.

Entre las jornadas de este lunes y martes, se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Cultural Kirchner, la Primera Cumbre del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI) que estará presidida por Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad de la Nación.

La reunión se denominará “Cooperación regional contra el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas y municiones y los delitos ambientales”, y las deliberaciones serán cerradas este martes al mediodía con la intervención del presidente de la nación, Alberto Fernández.

El CLASI reúne a ministros y ministras de 11 países de América Latina que se proponen definir prioridades que se basen en el intercambio de información para obtener mejores resultados en las políticas de seguridad en la región.

Este organismo está compuesto por representantes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá y República Dominicana, Chile, México, Paraguay y Uruguay. Está prevista la adhesión de Perú durante la cumbre y una vez que se defina la transición presidencial en Brasil con el traspaso del mando de Jair Bolsonaro a Luis Inácio “Lula” da Silva también es muy probable que el país vecino se sume a este grupo.

Dicho organismo se creó el 2 de marzo de 2022 en Bruselas (Bélgica) a través de la firma de la Declaración de Creación del CLASI. En ese marco, ministros de Europa y Latinoamérica firmaron otra declaración para la creación de un Grupo de Trabajo Operacional (GTO) Birregional destinado a la Lucha contra el Narcotráfico que se realizó el 19 de octubre de este año.

El Presidente destacó este martes que el programa Remediar “marca un antes y después dentro de la salud pública”.

Alberto Fernández encabezó en Tecnópolis el acto por el 20° aniversario del programa nacional que desde 2002, con una pausa durante la gestión macrista, garantiza el acceso y cobertura de medicamentos esenciales a usuarios de los más de 8.100 centros de atención primaria de todo el país con más de 54.000.000 de tratamientos distribuidos en los dos últimos años.

Además, dijo que durante el Gobierno de Mauricio Macri entró en “una faz de olvido” y destacó la importancia de que el Estado “esté presente para ir en socorro de quienes lo necesitan”, ya que “la salud pública es un deber del que el Estado no puede desentenderse”.

Acompañado por la ministra de Salud, Carla Vizotti, el mandatario hizo un reconocimiento especial al exministro de Salud Ginés González García, al señalar que “se animó a llevar adelante el programa” durante la presidencia de Eduardo Duhalde, en el marco de la situación derivada de la crisis de 2001.

En su discurso, el Presidente remarcó que el Estado es “el articulador de la igualdad social” y afirmó que para los que están “embarcados” en el proyecto político del oficialismo -entre quienes destacó a Cristina Fernández de Kirchner- estar atentos a la salud “es una obligación”.

Mediante el programa “Remediar”, los pacientes que no tienen cobertura de obra social, pueden retirar de manera gratuita y en el momento los medicamentos que les han sido prescritos por los profesionales de cada centro de atención primaria donde se atienden.

De esta manera, el Remediar da respuesta al “80% de las consultas del primer nivel de atención y garantiza la cobertura de medicamentos a 19 millones de personas que dependen exclusivamente del sistema público de salud”, detallaron desde la cartera de Salud.